El Gobierno avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en lo que representa el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo.

Los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el universo alcanzado ronda las 900 mil personas, correspondientes al segmento del programa que funcionaba como una transición hacia el empleo.

La medida marca el punto final de un proceso que comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, cuando el oficialismo decidió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y rediseñar la política de asistencia.

Ese programa había llegado a tener más de 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años, al tiempo que se agravaba la crisis económica y crecían los movimientos sociales implicados en su administración. El Gobierno había definido desde el inicio un plazo de 24 meses para sostener ese esquema. Ese período se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo. En su lugar, se implementará el sistema de vouchers de capacitación como nuevo eje de la política social para ese universo.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no serán alcanzados por la baja.

El cambio es tanto conceptual como operativo. El Gobierno dejará de otorgar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un esquema condicionado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y manifestar su voluntad de participar en el programa. A partir de ahí, podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación aún en conformación en todo el país.

El Ministerio de Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. El Estado aporta la infraestructura y las empresas se encargan de los contenidos, capacitadores y materiales. A diferencia del sistema anterior, el dinero no será transferido a organizaciones ni a centros de formación, sino directamente a las personas. “El recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse”, explicaron en el Gobierno.

El nuevo sistema incorpora condiciones más exigentes. Los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder. La intención oficial es que el gasto público esté asociado a resultados concretos en términos de formación. El monto de los vouchers aún no está definido.

La eliminación de los planes tiene también un impacto en términos fiscales. La baja de 900 mil beneficios de aproximadamente $78 mil implica un ahorro potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque ese valor final dependerá del nivel de adhesión al nuevo sistema de vouchers. Una parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones, mientras que otra se redireccionará hacia políticas educativas. En este punto, el debate interno del Gobierno se cruza con la discusión más amplia sobre el impacto social del ajuste.