El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y estableció cómo deben incorporarse al sistema financiero los dólares no declarados, qué beneficios ofrece el Régimen Simplificado de Ganancias y qué riesgos enfrentan los monotributistas que no adhieran, con impacto inmediato en contribuyentes, pymes y entidades bancarias.

Los puntos clave de la ley de Inocencia Fiscal y blanqueo
El punto más destacado es el “Régimen simplificado de Ganancias”, pensado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Entre sus principales beneficios:

Blindaje patrimonial: quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre variaciones patrimoniales ni sobre consumos.

Impuesto por facturación: ARCA cobrará Ganancias solo sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento de bienes personales o gastos como base para presunciones de evasión.

Efecto liberatorio: “el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados”, según el artículo 39.

Nuevos umbrales y prescripción
La ley eleva significativamente los montos necesarios para que un incumplimiento sea considerado delito penal:

Evasión simple: de $1.500.000 a $100.000.000.
Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.
Prescripción: de 5 años a 3 años.

Regularización de deudas y multas
Además, la reglamentación define mecanismos para extinguir acciones penales y regularizar obligaciones fiscales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses, beneficio aplicable una sola vez.
Recargo del 50%: si no se radicó denuncia, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un 50% dentro de los 30 días de notificación.
Multas por plazos: las sanciones económicas aumentan significativamente para quienes presenten declaraciones fuera de término.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos, fortalecer reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que los fondos declarados bajo el nuevo régimen no serán objeto de persecución fiscal.