El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, ha manifestado su apoyo a la propuesta de reducir la edad de imputabilidad para delitos en Argentina, impulsada por la administración del presidente Javier Milei. En el marco de un debate legislativo que comenzará en febrero, Macri afirmó: "Delito de adulto, pena de adulto", enfatizando la necesidad de actualizar las normas penales para hacer frente a la creciente preocupación por la inseguridad.

La propuesta federal tiene como objetivo modificar la ley penal juvenil, estableciendo una nueva edad mínima de imputabilidad a 13 años. Esta reforma será discutida durante las sesiones extraordinarias del Congreso, que se llevarán a cabo entre el 2 y el 27 de febrero. Macri resaltó que el actual marco legal "no alcanza" para abordar la criminalidad actual y pidió avanzar rápidamente en esta iniciativa.

Durante una reciente detención de un menor con antecedentes penales, Macri expresó su preocupación por la eficacia de las leyes vigentes. "Con las leyes actuales, no alcanza", comentó, señalando que los menores que delinquen deben ser tratados con la severidad que su comportamiento implica. Afirmó que aquellos que cometen delitos no deberían estar libres ni un minuto más.

El apoyo de Macri se suma al de otros líderes provinciales, como el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien también ha abogado por una reforma en este sentido. Pullaro destacó que la penalización debe estar más vinculada con el delito cometido que con la edad de quien lo comete, subrayando una realidad social que ya no refleja la legislación actual.

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, ha defendido la propuesta argumentando que no se tratará de encarcelar a los menores en un régimen común. En cambio, los menores serían sometidos a un tratamiento educativo que incluye la enseñanza de oficios y actividades deportivas, con el objetivo de promover su reinserción en la sociedad.

La presentación de este proyecto ha generado un amplio debate en la sociedad argentina sobre la respuesta penal adecuada para los menores y la efectividad de las estrategias actuales. A medida que se aproxima la discusión legislativa, la atención estará centrada en cómo se equilibrará la necesidad de seguridad con el enfoque en la rehabilitación y el tratamiento educativo de los jóvenes delincuentes.